Este manifiesto del grupo A Zofra aparece en respuesta al manifiesto en el que ex ministros como Otero Novas, ex diputados como Oreja, catedráticos como García Novoa o Simón Acosta y académicos como Barea denuncian la falsedad del fracaso del libre mercado (esto parece ser que era objetivo y no ideología).
| La iniciativa de los firmantes no tiene por finalidad convertirse en partido político ni constituirse en plataforma política sino, tan sólo, trasladar a la sociedad la reflexión objetiva subjetiva (como suelen ser todas sobre política), de un grupo de personas sobre la delicada (es subjetivo) situación por la que atraviesa nuestro país el sistema económico en el que nos movemos y valorar la repercusión e implicaciones que ésta tiene. |
1.- En efecto, la actual crisis económica, cuyos efectos sociales más inmediatos son fundamentalmente la destrucción de empleo y del tejido empresarial, requiere, para su superación, un acertado diagnóstico de las causas que la impulsan y de las que han provocado la especial incidencia que tiene sobre nuestra economía. Entre éstas, y por su importancia, no hay que ignorar aquéllas que tiene su origen en una profunda crisis de valores humanos, cuyo restablecimiento ha de ser paralelo a la adopción de las medidas técnicas necesarias para salir de la actual situación.
2.- Conscientes de lo anterior, la única intención de quienes participaron en la “iniciativa” no era otra que concienciar a “nuestra” sociedad (si es que parece que la gente no está concienciada de nada) de la gravedad de la actual situación y de la necesidad de reaccionar frente a la misma con el apoyo de todos, especialmente de quienes (imaginamos que se refieren a ellos mismos), por su experiencia, independencia (todos ellos han sido siempre independientes, ¿de qué?, del compromiso social,…, tal vez), reconocimiento social, profesional y académico pueden contribuir a superarla. Ante ello claro, ¿los demás no entienden la situación y no tienen nada que decir, no?
3.- ¿Los beneficios del Estado del Bienestar han sido erróneamente interpretados?, ¿por quién?, ¿han transformado nuestra sociedad y deteriorado sus valores, comprometiendo gravemente el principio de responsabilidad de nuestros propios actos? La verdad es que nos cuesta creer que los valores que imperaban en la sociedad, por ejemplo, durante la era franquista. Podemos estar parcialmente de acuerdo en que hemos transitado desde la cultura del sacrificio a la del menor esfuerzo posible, en general, pero debe quedar claro que el bajo esfuerzo no es el de las rentas más bajas, inmigrantes, etc., que se “parten la espalda” cada día en lugares de trabajo como las obras, el campo o la empresa. Sí creemos que puede aplicarse a quien espera, por ejemplo que su vida se solvente esperando que unos valores bursátiles. De acuerdo con que es grave haber pasado de la sociedad del ahorro a la del consumo (si este no es sostenible); de la del ser a la del tener; del respeto y protección de la dignidad individual de la persona a la egoísta satisfacción de intereses particulares; de la previsión a la improvisación.
4.- La crisis financiera es un reflejo de este deterioro; la fiscalidad, no. La fiscalidad es lo que permite que no haya grandes masas de la población sin acceso a unas condiciones de vida dignas, como las que reconocen los derechos humanos. No ha habido insistencia en hacer justicia a través de los ingresos olvidando el necesario rigor en el control y austeridad del gasto, porque precisamente lo que más se ha buscado en los últimos años por parte de todos los gobiernos es el equilibrio presupuestario. ¿qué es desfigurar incluso el propio sistema tributario con privilegios fiscales indiscriminados (seguro que es la palabra que se quiere utilizar? ) y normas no siempre justas? ¿Acaso hay una estructura teórica perfecta inamovible? Como nos recuerda el premio Nobel Amartya Sen, privilegios fiscales para personas con menores capacidades para desarrollar su vida es igualar las oportunidades de partida de los individuos, lo cual se trata de justicia precisamente.
5.- ¿Sin perjuicio del necesario control que el Estado debe ejercer sobre las actividades económicas que se consideren estratégicas para el interés general, la iniciativa privada y el libre mercado continúan siendo la principal fuente de riqueza y de creación de empleo? El problema es que el libre mercado no deja sin perjucio el necesario control del Estado. Por eso, al final, decidir que todo debe ser liberalizado para mejorar el funcionamiento del sistema no es correcto. Primero que demuestren que la gestión privada es en todos los casos que pretenden mejor que la pública, y no al revés. Aceptamos que “mantener la capacidad de la empresa para generar riqueza y empleo exige reformas que, entre otros objetivos, eviten y rechacen comportamientos impropios respecto a los límites morales o éticos de la conducta humana, excluyendo de igual forma la relativización del bien y del mal y su sustitución por la moral de conveniencia del éxito a corto plazo”. Entendemos también para no relativizar el mal habrá que rechazar comportamientos morales egoístas como despedir ante los primeros síntomas de problemas a trabajadores que te han ayudado a obtener beneficios, ¿no? Claro que la economía de mercado sólo es imaginable si existe el Estado para tutelar la libertad y corregir efectos indeseables. La economía social de mercado que consagra nuestra Constitución reconoce esta simbiosis y ¿exige?, ¿seguro? para el diseño de nuestro modelo económico y social un ¿compromiso cierto?, ¿o cierto compromiso? entre ambas instituciones.
6.- No podemos estar más de acuerdo en que aunque la economía se ha globalizado, no existe una Autoridad global. Es por ello necesario adoptar, de forma coordinada y urgente, medidas internacionales que impidan actuaciones deshonestas de operadores económicos que se amparan en la dispersión mundial de los poderes públicos. Este tipo de demandas que organismos como ATTAC llevan planteando desde hace años, guían hacia la gobernanza mundial contra paraísos fiscales, violación de derechos humanos, etc.
7.- Es repetirse pero, correcto: Es pues necesario asentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, en el que ética, moral y valores humanos tengan un lugar preeminente.
8.- Corroboramos igualmente que, superar la grave crisis económica que afrontamos exige, en nuestro país (y en el conjunto de países que han desarrollado un capitalismo que en sí mismo es irracional, como se ha señalado en el punto 6), distinguir entre medidas coyunturales y reformas estructurales que asienten los pilares del nuevo modelo de sociedad. Estas reformas estructurales exigen un nuevo modelo de sociedad, y para ello es necesario un nuevo modelo económico. La lógica capitalista del máximo beneficio es incompatible con la sostenibilidad de la vida humana.
9.- En cuanto a las medidas coyunturales, consideramos necesario mejorar la aplicación del gasto público (efectivamente, debemos seguir trabajando para que éste sea progresivo. Pero eso no es suficiente si no impedimos que el actual modelo económico continúe generando e incrementando las desigualdades entre clases: los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Además, un núcleo importante de lo que se ha venido denominando como clase media está pasando a engrosar las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad); adaptar excepcional y urgentemente nuestro ordenamiento jurídico al actual entorno de crisis (bonita afirmación pero que, por sí sola, no dice nada. ¿No se estarán refiriendo a hacer más laxa la legislación para permitir más casos Gürtel, Poceros y permitir “reactivar” la economía con Grandes Scalas, EXPOs y Olimpiadas que pagamos el conjunto de la ciudadanía?); permitir que de forma extraordinaria las empresas aplacen sus pagos al Tesoro Público; reducir los costes fiscales (muy ingeniosa esta solución. Un ejemplo lo tenemos en la propuesta de Madrid al COI para que todos los ingresos derivados de las Olimpiadas estén exentos de impuestos. Una medida muy en la línea de ese cambio de ética y valores que propugnamos); y sociales de empresas y trabajadores (siempre que los costes sociales de las empresas no se solventen socializando pérdidas) e imponer controles para que el crédito de las entidades financieras que se benefician de ayudas públicas, fluya de inmediato a empresas y particulares (o más aún, que fluya directamente a empresas y particulares, también con los controles pertinentes). Si bien es socialmente necesario (ético, imprescindible, justo) ayudar a quienes tienen dificultades económicas, no hay que olvidar que es prioritario garantizar la continuidad de nuestro tejido empresarial (a los que también tienen dificultades económicas) y evitar, por tanto, la destrucción de empleo (provocada, en la mayoría de los casos, por un tejido empresarial que ha venido lucrándose y apropiándose de los beneficios –ahora socializando pérdidas-).
10.- Respecto a las reformas estructurales, es prioritaria una reforma educativa (¿otra más? Debemos tener el record de reformas educativas) que garantice el nivel de formación y la futura competencia profesional de los jóvenes (No hay mejor educación, que permita además el desarrollo personal y profesional posterior, que la que satisfaga la vocación de las personas), y que incentive el esfuerzo, la formación humana y social e invierta en formación continuada (obviamente, para incentivar el esfuerzo debe responderse a lo anterior. Con el único objetivo de competitividad y escuela orientada exclusivamente al mercado se desincentiva toda formación humana y de valores éticos). Es igualmente prioritaria una reforma de la Justicia, no sólo para dotarla de los medios necesarios, sino también para que nuestro país sea un referente para la inversión y el desarrollo económico socialmente responsables. Para ello es necesario garantizar los pilares básicos del Estado de Derecho: el respeto a la ley y abandonando las prácticas corruptas y de usura que se practicas desde los lobbys económicos, el orden público y económico –impidiendo el deterioro territorial y ambiental inherentes al capitalismo-, el cumplimiento de los pactos y contratos que se establezcan sobre la base de los criterio anteriores, la seguridad en la reclamación de lo debido, la certeza de una resolución en tiempo y la plena independencia del poder judicial –que también ha de ser “progresiva”, entendiendo por ello el que no puedan penarse más los pequeños delitos, muchos de ellos producidos por satisfacer necesidades básicas, que los delitos actualmente impunes derivados de una elevada posición de status y poder, pues se ha edificado de esta forma una desigualdad económica que repercute en otras subestructuras, como la jurídica-.
11.- Es igualmente importante sentar las bases jurídicas de una gestión del gasto público con criterios de eficiencia, eficacia, control y transparencia como pieza angular de la acción política, intentando evitar los obstáculos que en ocasiones crea la superposición de distintas Administraciones para el ¿buen funcionamiento del mercado (¿cómo por ejemplo en la construcción? ¿Realmente hay obstáculos desde las Administraciones para el “buen funcionamiento del mercado”? ¿No sería al contrario? Ha faltado una mayor coordinación para obstaculizar al libre mercado situarnos en una posición de desigualdad en la que no están garantizados los derechos fundamentales de la ciudadanía). De igual importancia es apostar por las nuevas tecnologías, por la innovación con tecnología propia, por las energías renovables y alternativas, por la investigación y desarrollo, por la productividad, por recuperar la industria –la sostenible- que se ha deslocalizado y por un tejido empresarial competitivo –y responsable-; y adoptar decisiones en temas muy sensibles como el envejecimiento de la población, la sanidad pública, el Estado de las Autonomías –desde criterios de solidaridad interterritorial- y el sistema tributario –para hacerlo más progresivo-, sin olvidar la urgente necesidad de establecer mecanismos eficaces que erradiquen la corrupción.
12.- Las consecuencias de no adoptar las medidas coyunturales y estructurales necesarias, pueden transformar la actual crisis económica y política en una convulsa crisis social de imprevisibles consecuencias. Resulta por ello urgente superar la desconfianza, el desánimo, la indiferencia y el desengaño de la ciudadanía hacia la política (y de la política hacia la ciudadanía, que está en condiciones de provocar una necesaria crisis social que desemboque en una sociedad más justa e impregnada de una ética y valores que sitúen a la persona en el centro de las decisiones).
13.- Es así mismo necesario distinguir entre dos tipos de crisis que en nuestro país se solapan hasta confundirse: una productiva, que más allá de ser una crisis de carácter cíclico es una crisis estructural, de modelo, y otra financiera, ¿inédita? y de marcado ¿origen social y de deterioro de valores? La crisis financiera, directamente, es producto de la irresponsabilidad de unos pocos. Por tanto, no puede atribuirse su origen a un deterioro de valores de la sociedad en su conjunto. Esto no es sino, al igual que se hace con las pérdidas, tratar de socializar las infracciones que se han producido en este ámbito. Consecuencia de esto, es cierto que entran en juego unos valores que, para ser restaurados del deterioro provocado, animan e impulsan hacia unas finanzas éticas y sostenibles. Las medidas técnicas para corregirlas son en uno y otro caso distintas. No obstante, y para una mejor comprensión de las presentes reflexiones, nos hemos referido a ellas indistintamente.
14.- Trazar con firmeza las líneas maestras de las reformas que nuestra país sociedad necesita es tarea de quienes vivimos y trabajamos en él ella. La participación de la sociedad es ahora más necesaria que nunca. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones civiles y sociales, a los diferentes estamentos universitarios, a las patronales y sindicatos, a las corporaciones profesionales, a los medios de comunicación y en general a todos los que integramos la sociedad civil, a reflexionar objetiva e independientemente sobre la situación que atraviesa España, y a contribuir a superarla aportando propuestas, suscitando el necesario debate social y participando activamente en el mismo. El objetivo de esta participación es que los poderes públicos acometan las reformas coyunturales y estructurales necesarias, con la generosidad y amplitud de miras del trabajo conjunto por el objetivo común. La participación de todos los agentes sociales constituye una necesidad estratégica para proyectar nuestra país sociedad más allá del escenario incierto y borrascoso que nos abruma.
